Sobre el TLC y otras porquerias (segunda parte)

¿Qué tiene esto que ver con los países de las Américas?


Actualmente se está negociando un tratado para crear la llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un acuerdo que pretende ampliar las “bondades” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte – TLCAN para todas las Américas y el Caribe, excepto Cuba y cuya firma y entrada en vigor están previstas para el año 2005.

Entre los aspectos mas importantes de este acuerdo están: un capítulo sobre inversiones, en el capitulo 11, que concede garantías y protecciones jurídicas espéciales y casi ilimitadas a las empresas de los países del tratado que quiera invertir en otro país miembro del mismo; un mecanismo de “resolución de conflictos” a través de tribunales privados, remotos y ajenos a los sistemas judiciales locales de los países miembros. Se dan enormes garantías y facilidades a las empresas para la compra de otras empresas, tierras y recursos en otros países signatarios del tratado. Se les faculta para denunciar ante “tribunales” internacionales (de los que hablaremos mas adelante) determinadas políticas básicas de los gobiernos que serían “violatorias” de los derechos y privilegios que les otorga el Tratado a los inversionistas.

Por otra parte las empresas pueden impugnar las leyes o políticas del gobierno que “hospeda” sus inversiones, utilizando a tal efecto el sistema especial de solución de controversias “inversionista – Estado del Tratado. Bajo ese sistema, un inversionista privado puede entablar juicio a cualquier gobierno por no brindarle privilegios que establece el acuerdo para inversionistas.

Se trata, en definitiva , de imponer políticas uniformes de una sola talla y conseguir que su visión neoliberal extrema, de los EE UU y las corporaciones transnacionales, impere políticamente en todo el mundo. El ALCA es el mecanismo regional m{as acorde a esos fines, pero no el único, actualmente se negocian acuerdos subregionales (TLCAC entre Estados Unidos y América Central) y bilaterales como el recientemente firmado TLC Chile – Estados Unidos.

En el caso del TLCAN la falta de poder de negociación de México y Canadá frente a Estados Unidos durante las negociaciones, produjo como resultado que las cláusulas sobre inversiones, así como aquellas relativas a los derechos de propiedad intelectual, la mercantilización de los servicios y los derechos de los inversionistas en el sector de servicios, se acerquen más al ideal de los empresarios que a las necesidades y derechos de las poblaciones respectivas e, incluso, a las propias disposiciones ya vigentes en esas mismas áreas en la Organización Mundial del Comercio.

Es bueno saber, al mismo tiempo, que estas pretensiones de los que dominan el mercado mundial no son nuevas: siendo preparada secretamente en el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE (club cerrado que reúne a los 29 países más industrializados del mundo) fue derrotada en 1998 por la oposición generalizada de la sociedad civil, principalmente francesa. Fue, desde entonces, cuando tomaron fuerza las presiones corporativas para establecer un acuerdo sobre inversiones en el ALCA. El AMI le hubiese impuesto el mismo modelo del TLCAN a varios países, entre ellos algunos países clave de la región del ALCA.

Hoy día, a sabiendas que el propio ALCA esta sufriendo serios cuestionamientos a corto plazo, los mismos intereses corporativos y empresariales empujan ahora en otros frentes a esa misma agenda extremista en materia de inversiones, incluso presionando nuevamente por su introducción en la OMC, así como en el contexto de diversos tratados de libre comercio (TLC) regionales y bilaterales.

En el caso de la OMC, “inversiones” constituye uno de los cuatro así llamados “nuevos temas” o “temas de Singapur” (comercio e inversión; la política comercial y de competencia; transparencia en la contratación pública, y facilitación del comercio), a cuya inclusión se opone una porción significativa de los países en vías de desarrollo. EE.UU. y la UE y una poderosa coalición de intereses corporativos y empresariales están presionando fuertemente para imponer dichas nuevas reglas sobre inversiones en la OMC.